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La necesidad de fortalecer la relación entre la empresa privada y la administración pública se ha puesto de manifiesto debido a los cambios a nivel mundial que hemos vivido en los últimos años, estableciendo puntos de encuentro que posibiliten el buscar soluciones a los problemas reales que estamos experimentando en este momento como sociedad. En la situación actual de inestabilidad económica, los asuntos públicos pueden ser determinantes para avanzar y tanto es así, que ya existen formaciones de nivel enfocadas en esta área, como nuestra Carrera en Administración de Empresas y nuestro MBA virtual.
Por definición, los asuntos públicos se refieren a la capacidad de las organizaciones para entender, colaborar e incidir en la agenda política, regulatoria, legislativa y social a nivel nacional y también internacional. Esto, abordando todos los retos que encuentran solución en la demanda de la colaboración de la sociedad civil, el Estado y el sector privado.
Los asuntos públicos pueden convertirse en un instrumento para construir una reputación sólida e informar con transparencia a la sociedad sobre sus proyectos e intereses, en manos de las empresas y organizaciones. Además de esto, proporcionan un canal para establecer y mantener las relaciones con los Gobiernos, las administraciones públicas y la comunidad local. Por lo general, esto se hace con el objetivo de tender puentes y de influir en las políticas públicas y las regulaciones que les afectan.
En los últimos tiempos, la perspectiva de los asuntos públicos ha cambiado bastante. La mayoría de los directivos, en el pasado, consideraban la relación con los gobiernos y reguladores como una formalidad obligatoria, por lo general de carácter negativo, a la que solía recurrirse cuando las decisiones regulatorias representaban un impacto dañino en los negocios.
Contrario a esto, en la actualidad los directivos están más conscientes de la importancia de los asuntos públicos, así como de la influencia que las decisiones políticas y regulatorias tienen sobre el valor del negocio, por lo que las relaciones con los poderes públicos experimentan en este momento un proceso de profesionalización.
En este contexto, las empresas están estableciendo relaciones que son más estables con las administraciones y reguladores, anticipándose además a los cambios jurídicos, a los riesgos, detectando nuevas oportunidades y también involucrándose en los canales de participación que legítimos abiertos en los procesos de decisión pública, con el objetivo de dejar claras sus posturas sobre las políticas que les afectan de manera directa.
En gran medida, ese cambio de paradigma en los asuntos públicos se debe a una mayor demanda de transparencia y legitimidad en las decisiones gubernamentales por parte de la sociedad, además de la búsqueda de la eficacia de las organizaciones, que están incorporando a sus plantillas a profesionales con conocimientos políticos y jurídicos que puedan defender sus intereses en los procesos regulatorios o en las decisiones de los poderes públicos.
Aunque los asuntos públicos suelen identificarse con las actividades de los lobbies, en realidad se trata de una actividad que es tan legítima como necesaria en las democracias representativas. De hecho, hay muchos ejemplos de asuntos públicos positivos. Por ejemplo, como cuando el 12 de diciembre de 2015 un total de 195 países firmaron el Acuerdo de París acerca del cambio climático para que Estados y empresas pusieran en marcha un plan de actuación cuyo objetivo era el de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 °C, además de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Ese mismo año, los líderes mundiales llegaron al acuerdo de los objetivos de desarrollo sostenible con miras a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo a la que empresas y organizaciones se han ido sumando en todo el mundo, con la participación y la implicación de la sociedad civil.
De igual manera, cada año desde 2006 se celebra el Foro de la Gobernanza de Internet, en el que expertos y académicos del mundo entero debaten junto a los gobiernos, las empresas y la sociedad, con el objetivo de establecer pautas sobre el mundo virtual, capaces de garantizar un uso más sostenible, seguro e igualitario de la red. La totalidad de estos ejemplos de asuntos públicos revelan que esta profesión tiene un gran y promisorio futuro.
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